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Pese a que no supone nada ilegal, puesto que los presos tienen derecho a sufragio, los mítines en las cárceles corren el riesgo de convertirse en una plataforma electoral de promesas y beneficios a la población reclusa a cambio de un puñado de votos. 

La primera y principal función de todo partido político en un sistema democrático consiste en defender un determinado ideario y proponer una serie de medidas con el fin último de recabar apoyos entre la población para, llegado el caso, conquistar el poder y poner en práctica su programa de gobierno, ajustándose a los límites que marca la Constitución y el Estado de derecho. De ahí que, con mayor o menor acierto, las formaciones en liza compitan entre sí para ganarse el favor de ciertos colectivos que comparten intereses comunes, como es el caso de pensionistas, funcionarios, autónomos, desempleados, rentas medias o estudiantes, entre otros, mediante promesas diseñadas para cautivar o, al menos, convencer al votante.

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Lo raro, sin embargo, es que un partido también aspire a encandilar políticamente a lo peor de la sociedad. Adelante Andalucía, la coalición de IU y Podemos que lidera Teresa Rodríguez de cara a las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre, solicitó a la Junta Electoral Central la posibilidad de celebrar mítines en las cárceles de la región durante la campaña (en concreto, en los centros de Sevilla I, Sevilla II y Alcalá de Guadaira) y, tras su visto bueno, los miembros de la formación morada, encabezada por la senadora Maribel Mora, iniciaron su particular ruta carcelaria el pasado 17 de noviembre. Podemos no descarta incluso extender esta práctica a Cataluña, donde los procesados independentistas permanecen en prisión provisional, de cara a las elecciones municipales y europeas.

Nada impide legalmente la organización de estos mítines en las cárceles españolas, ya que, entre otras razones, los presos tienen derecho a sufragio, salvo que su condena establezca lo contrario, a diferencia de lo que sucede en otros países. De hecho, no es la primera vez que ocurre algo semejante, puesto que en las generales del 86 dos miembros del Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista ofrecieron un discurso en la prisión de Granada. Pero, desde entonces, no hay precedentes, lo cual es lógico, dado que si el trabajo del político es cautivar al votante, emplear sus herramientas de seducción con delincuentes resulta, como mínimo, inmoral.

Cualquier partido tiene el deber y la obligación de desarrollar un determinado programa en materia de política penitenciaria, como no puede ser de otro modo, pero de ahí a acudir a una prisión para intentar recabar votos entre los criminales evidencia el escaso grado de decencia y dignidad que profesa esta formación. Los mítines en las cárceles corren el riesgo de convertirse en una plataforma electoral de promesas, ayudas y beneficios a la población reclusa a cambio de votos, en lugar de abordar este tipo de cuestiones mediante un profundo debate técnico-jurídico, al margen de la peligrosa politización. Además, estos actos no son públicos y, por tanto, la prensa tiene vetado el acceso por cuestiones de seguridad, con la consiguiente opacidad que ello acarrea.

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Casualmente, Andalucía, con más de 13.500 presos, registra la mayor población reclusa de España, y, si bien es difícil que este limitado colectivo pueda influir mínimamente en los resultados autonómicos, el simple hecho de querer ganarse el apoyo y la simpatía de los delincuentes resulta, simplemente, alarmante. No en vano, de los 49.000 presos que habitan las cárceles españolas -excluyendo a los 8.300 que están en prisión preventiva-, hay más de 3.700 condenados por homicidio, 3.200 por delitos contra la libertad sexual -violadores, acosadores y pederastas- y más de 19.000 sentenciados por ser ladrones y amantes de lo ajeno en sus diferentes y variadas tipologías, por poner tan solo algunos ejemplos.

En definitiva, lo más «selecto y granado» de la sociedad española, aunque lo cierto es que esta novedosa estrategia tampoco es de extrañar si se tiene en cuenta que Podemos también propone despenalizar la okupación y no se corta a la hora de apoyar a los grupos antisistema, conocidos por sus violentas protestas y manifestaciones. Si los comunistas de nuevo cuño desean ampliar su base de votantes tratando de cautivar a lo más deplorable y aberrante de la sociedad mediante mítines en las cárceles, están en su perfecto derecho, pero el resto de españoles deberían ejercitar el suyo para condenar al más absoluto ostracismo a la ruinosa, liberticida e indecente ideología que abandera el partido de Pablo Iglesias.

Imagen de portada:  La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez (2i), participa junto al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias (2d), en un acto de campaña | Agencia EFE